Latinoamérica vive una grave crisis en materia de seguridad. En ese contexto, y para algunos líderes políticos de la región, Bukele se ha transformado en un referente.

Pues bien, su reciente triunfo electoral amerita analizar los beneficios y costos que ha generado el modelo que ha implementado el mandatario salvadoreño.

Al respecto, es importante señalar que la llegada de Bukele al poder significó un cambio en la forma en la que se combatía al crimen organizado en El Salvador.

Antes de la llegada de Bukele, El Salvador era reconocido como uno de los países con más violencia y homicidios del mundo. El 2019, año en el que el mandatario llegó al poder, y según los datos entregados por la Policía Nacional, hubo 2398 homicidios versus los 154 del 2023. Este «éxito» se ha explicado en función de la denominada «Guerra contra las Pandillas», la que no sólo redujo los altísimos índices de violencia que allí existían, sino también tuvo como costo la reducción de un conjunto de libertades a la sociedad civil. Lo anterior, en virtud de un régimen de excepción que se mantiene vigente desde 2022, y que ha sido reconocido como una de las principales herramientas que ha tenido el gobierno a la hora de enfrentar al crimen organizado.

Durante el primer gobierno de Bukele, se han detenido a más de 76 mil personas; no obstante, esta «eficacia» ha sido cuestionada, ya que se ha llevado a cabo a través de una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas y de algunos colectivos que están en libertad y que han sido perseguidos en función de vivir en sectores determinados o por poseer tatuajes característicos de los integrantes de las pandillas.

Así entonces, se ha instalado el debate seguridad versus respeto a los derechos humanos.
Pues bien, y pesar de estas graves imputaciones, la ciudadanía salvadoreña -y a partir del claro triunfo electoral de Bukele- pareciera no sólo haber validado estas medidas, sino también haber invisibilizado algunas de las graves críticas a las que se ha enfrentado en el último tiempo, y por las que se le ha acusado de «ensuciar su éxito» en materia de seguridad a partir de negociaciones con pandillas y otros grupos de críminales organizados.

De este modo, la victoria de Bukele es posible explicarla, entre otros motivos, en virtud de su caudillismo, ya que, desde hace un tiempo, se puede reconocer la existencia de un mensaje que se ha instalado con fuerza en la sociedad salvadoreña y que no es otro que reconocer al mandatario como el «ungido» y el único llamado a eliminar la inseguridad que históricamente afectaba al país centroamericano.

Y esto fue lo que precisamente motivó una grave violación al Estado de Derecho. La Constitución de El Salvador no contemplaba la reelección inmediata del mandatario en ejercicio, por lo que este inconveniente se «salvó» a través de una instrumental interpretación que hizo la Corte Suprema y la Asamblea Nacional, quienes anularon las limitaciones expresas que existían en seis artículos de la Constitución en lo que respecta a la reelección inmediata.

Así entonces, y a partir de esta decision, se pudo evidenciar la ausencia de la separación de poderes dentro de El Salvador.
Es importante recalcar que el problema no radica en la reelección inmediata, sino que en la instrumentalización de la gobernanza electoral y judicial en aras de cambiar las reglas del juego a fin de obtener un beneficio político para aquellos que ostentan el poder.

De hecho, y si se analiza la Opinión Consultiva n°28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queda de manifiesto un claro llamado a que el poder político «se debe acceder y ejercer con sujeción al Estado de Derecho y bajo el imperio de la ley», lo que implica, entre otras consideraciones, que cualquier cambio a las normas relativas al acceso al poder, y con independencia a la forma en la que éstas se hayan aprobado, deberían tener eficacia para períodos electorales siguientes y así no beneficiar al gobernarte o coalición política de turno.

Pues bien, esto no ocurrió en El Salvador.

Con independencia a esto, es esencial reconocer que la mayoría de las medidas contra el crimen organizado que ha impulsado Bukele han generado un alto apoyo ciudadano y electoral, especialmente si se analiza la «efectividad práctica» de sus políticas, por lo que es plausible señalar que la ciudadanía salvadoreña, y en forma racional, ha postergado el peligro que estas medidas implican para la democracia al no considerarlas como decisiones que degradan las salvaguardas democráticas contempladas en la separación de poderes y el Estado de Derecho, lo que -en esencia- es un primer paso para legitimar un régimen autoritario que es capaz de condicionar el carácrer universal de los derechos humanos.

Texto: Pedro Díaz Polanco
Analista Internacional
Universidad Austral de Chile