Sergio Muñoz, exdirector general de la Policía de Investigaciones, enfrenta medidas cautelares por comprometer la seguridad nacional y la integridad de las investigaciones en curso.
En una jornada marcada por la expectativa y la tensión, el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Sergio Muñoz, se enfrentó a la justicia este martes, siendo acusado de comprometer la integridad de las investigaciones y la seguridad nacional al revelar información confidencial al abogado Luis Hermosilla, implicado en el notorio Caso Audios. La audiencia, iniciada puntualmente a las 09:00 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, culminó con la decisión de imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra la exautoridad, estableciendo un plazo de investigación de 120 días.
La jueza Francis Fell, encargada del caso, enfatizó la importancia de esta medida al declarar que la prisión preventiva es «indispensable para el éxito de la investigación» y añadió que es «proporcional y necesaria, por peligro para la seguridad de la sociedad». Estas palabras reflejan la gravedad con la que se está manejando el caso, no solo por las implicaciones legales sino también por el impacto en la confianza pública hacia las instituciones del Estado.
Por su parte, Juan Carlos Manríquez, abogado de Muñoz, expresó su postura cautelosa frente a la decisión, indicando que la defensa evaluará los siguientes pasos a seguir, lo que podría incluir una apelación. Mientras tanto, la fiscal Pamela Valdés destacó la rapidez y eficacia con la que se ha avanzado en la investigación, resaltando la seriedad de los hechos investigados y su compromiso con mantener la integridad de las instituciones.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, no dejó pasar la oportunidad para reafirmar el compromiso del Gobierno con la investigación y con asegurar que la PDI continúe cumpliendo con su función esencial de protección a la población. Tohá anunció que se tomarán medidas para asegurar una transición adecuada en la dirección de la PDI, buscando a la persona más idónea para liderar la institución en estos tiempos turbulentos.
La formalización de Muñoz por infracción a la Ley 19.913, que contempla la violación de secreto de investigación, así como por otro delito de violación de secreto previsto en el artículo 246 del Código Penal, pone de manifiesto la complejidad del caso. La revelación de información confidencial del Caso Audios a Hermosilla, quien a su vez defendió al predecesor de Muñoz, Héctor Espinosa, imputado por fraude al fisco, añade capas de complicación y gravedad a la situación.