La iniciativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno contempla penas más altas para los delitos de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente o dirigenta social

El Ejecutivo, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, ingresará una modificación a la Ley 20.500 y al Código Penal para proteger a las y los dirigentes sociales, contemplando penas más altas cuando sean víctimas de los delitos de amenazas o de lesiones.

Este martes y desde la Cámara de Diputados, la ministra de la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, junto al director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra, anunciaron el ingreso de un proyecto de ley para regular la protección de dirigencias sociales.

Desde el Congreso Nacional, junto a un grupo transversal de parlamentarios, parlamentarias y representantes de organizaciones sociales, las autoridades de la Segegob destacaron que durante años dirigentas y dirigentes han informado que uno de sus principales temas de interés y preocupación es la seguridad. Esto se debe a que muchos de ellos y ellas han sido amenazados y atacados, incluso estando en sus casas.

“Hoy anunciamos el ingreso por parte del Gobierno de un proyecto de ley que busca darle a los dirigentes y dirigentas sociales un estatus de protección mayor frente a la violencia. Los dirigentes y dirigentas sociales hoy día, a lo largo y ancho de nuestro país, se ven enfrentados a amenazas de muerte a ellos, a ellas o a sus familias. También se ven enfrentados a agresiones físicas directas a su persona o incluso a sus sedes vecinales. Y muchas veces, lamentablemente, esas amenazas y estas agresiones vienen de delincuentes, de criminales, de bandas de narcotráfico y, por lo tanto, es importante en el marco de la agenda de participación ciudadana y de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, avanzar en esta dirección”, explicó la ministra Camila Vallejo.

La propuesta, que ingresará por la Cámara de Diputados, busca proteger a las dirigencias, contemplando penas más altas cuando las víctimas de los delitos de amenazas o de lesiones, sean dirigentes o dirigentas sociales.

“Este proyecto de ley responde a una demanda muy sentida de las dirigencias sociales, que es poder hacer su trabajo de manera tranquila. Hoy día las y los dirigentes que representan a las comunidades, a los territorios, a las organizaciones, viven un clima de amenaza, de permanente persecución, y este proyecto es una señal muy clara de protección en que el gobierno dice -tal como ha señalado la ministra Vallejo-, que creemos que la organización social y sus dirigentes cumplen un rol fundamental en la democracia y por lo tanto debemos darles un estatus de protección mayor para que puedan cumplir su rol social”, dijo Ignacio Achurra, director de la División de Organizaciones Sociales.

Qué dice la propuesta

El proyecto de ley que ingresará el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) propone una definición de dirigente social, que se incorpora en la Ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, incluyendo también a las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales conforme a la Ley N° 19.418.

Además, tiene como objetivo sancionar con penas más altas la comisión del delito de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente o dirigente social. Esto se hace a través de nuevas normas penales para sancionar de manera más severa las agresiones en contra de los miembros de las directivas de organizaciones sociales en ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas.

De ser aprobado este proyecto de ley, las y los dirigentes podrán cumplir con su rol de recuperar sus espacios públicos, de crear y unir a las comunidades con mayores herramientas de seguridad.