En relación al fracaso de la política migratoria del gobierno y a las confusas declaraciones del Presidente de la República en su gira al norte de nuestro país, queremos señalar:

1. En el marco de una de las crisis migratoria más grave que ha afectado a nuestro país en su historia, la ciudadanía ha sido objeto de reiteradas imprecisiones por parte de las autoridades gubernamentales. Los marcos regulatorios y las líneas gruesas de nuestro política migratoria, definidas mediante un debate democrático en el Congreso Nacional, han sido permanentemente vulneradas por el accionar de un gobierno que, tal como lo dejó en evidencia el debate de legislativo que dio origen a la nueva ley de migraciones, concibe la migración como un derecho absoluto y cuestiona la facultad del Estado de Chile de resguardar la integridad de sus fronteras.
2. El Gobierno a través de políticas impulsadas desde el Ministerio del Interior, e incluso mediante discursos presidenciales, persiste en agravar el denominado «efecto llamado», esto es, incitar a la migración ilegal bajo la promesa de mecanismos de regularización que permitirán sostener su estadía permanente y regular en nuestro país. El decreto N° 177 del Ministerio del Interior, por el cual se establecen las subcategorías migratorias de residencia temporal, la circular N° 6 del Servicio Nacional de Migraciones por el cual se incentiva el turismo laboral, así como declaraciones del propio Director del Servicio, don Luis Thayer, constituyen por cierto un incentivo para el ingreso clandestino a nuestro país. Abona a lo anterior el escaso número de expulsiones administrativas ejecutadas por la autoridad migratoria, y recientemente los dichos del propio Presidente de la República, quien realizó un llamado a la regularización como condición para permanecer en nuestro país.
3. Cuestiones como las señaladas precedentemente nos han impulsado a solicitar, en más de una oportunidad, la salida en la conducción del Servicio Nacional de Migraciones de su actual director, don Luis Thayer. Esta solicitud se vio reiterada recientemente por el inexplicable desmantelamiento de las direcciones regionales, y los reemplazos que se hicieron en torno a estas. Resulta emblemática la designación de Víctor Hugo Lagos Lasch como Director en la Región Metropolitana en calidad de subrogante, quien ofició como director jurídico del Servicio Jesuita de Migrantes, organización que se ha opuesto sistemáticamente a los principios que inspiraron la reforma migratoria vigente en nuestro país. Resulta asimismo inexplicable que antes de arribar al gobierno, Lagos Lasch patrocinara acciones constitucionales en favor de la permanencia en nuestro país de sujetos perseguidos por delitos de la ley de drogas.
4. El Presidente la República y sus Ministros muestran hacia la opinión pública una posición sólida e inflexible frente a la migración irregular, pero en paralelo permiten políticas que alientan la regularización en territorio chileno, alentando el ingreso clandestino y el «turismo laboral». Lo anterior socava los cimientos de la lógica migratoria que se impuso en el debate que sostuvo por años el Parlamento previo a dar a luz a una nueva regulación migratoria contenida en la ley N°21.325. Pero lo que parece más grave, es la manipulación selectiva de datos que buscan encubrir el nulo compromiso con la expulsión de quienes se encuentran de manera irregular en nuestro país. Más aun, cuando han decidido ejercer competencias extraordinarias, lo han hecho absurdamente para expulsar a quienes han agredido a funcionarios de Carabineros de Chile, quienes debiesen ser juzgados y condenados, para luego ser expulsados. Lo paradójico es que la expulsión de dichos sujetos se sostiene sobre una norma que el propio Presidente de la República, entre otros, decidió cuestionar en el Tribunal Constitucional. Finalmente, los agresores de carabineros, a pesar de la gravedad de sus acciones, podrán evadir el cumplimiento de una condena, lo que importa un mensaje inaceptable de impunidad frente a esta clase de hechos.
5. Concretamente, si revisamos las cifras, la inconsistencia discursiva del gobierno queda inmediatamente en evidencia. En relación con las denuncias por ingresos por pasos no habilitados, advertimos que al mes de agosto del presente año, se han verificado casi 40.000, lo que proyectado para los próximos meses, con condiciones climáticas más benignas, permite estimar una cifra cercana a los 70.000 ingresos por pasos no habilitados, cifra inédita para nuestro país. En materia de expulsiones el asunto no es más alentador. De las 471 expulsiones que se han ejecutado entre abril y agosto del presente año, 462 son de carácter judicial, esto es, consecuencia de un procedimiento ante un juez, donde la autoridad administrativa no tiene más que materializar dicha resolución. Sin embargo, cuando tenemos a la vista el número de expulsiones administrativas, esto es, aquellas fruto de un proceso administrativo cuyo origen es generalmente un ingreso por paso no habilitado, la cifra es difícil de asimilar: tan solo 9.
6. Este acento que el gobierno dice tener en la necesidad de superar la crisis migratoria colisiona nuevamente con la realidad. En efecto, el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones cae en un 53.9% en comparación al del año 2021 y elimina 4 programas: Registro Nacional de Migrantes, Visas en el Extranjero, Cerrando Brechas y el Programa Inclusión Regional. En contrapartida, se aumenta el presupuesto del programa destinado a regularización de migrantes.
7. Entendemos la complejidad de asumir una cartera como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que posee competencias en una serie de materias, muy distintas unas de otras, pero por lo mismo, agradeceríamos mayor prudencia en declaraciones para evitar equivocaciones que induzcan a una falsa sensación de éxito. En concreto, recientemente, la Ministra Toha señaló que el gobierno “tiene en proceso un número de expulsiones superior al que han tenido todos los gobiernos anteriores”. En efecto, la Secretaria de Estado habló de más de 1.000 expulsiones «en proceso», lo que es una forma cuestionable de exhibir cifras que tienen nulo eco en la realidad. Y es que es precisamente esa la crítica: la falta de ejecución de expulsiones. Tener a miles de extranjeros irregulares con decreto de expulsión vigente no mejora absolutamente en nada la situación, lo que se requiere es precisamente que dichas órdenes se materialicen. La realidad, más allá de los discursos, habla tan solo de 9 entre los meses de abril y agosto.
8. En el afán de superar el escenario adverso que se presenta para el gobierno en materia migratoria, se han hecho una serie de promesas legislativas, ninguna de ellas sustantiva o idónea para superar el problema que tenemos, particularmente en la frontera de la Macrozona norte de nuestro país. Iniciativas que buscan simplificar las notificaciones a quienes son expulsados administrativamente carecen de todo valor si, lo que no se hace, es precisamente ejecutar dichas órdenes. Asimismo, expulsar inmediatamente a sujetos condenados por ley de drogas, parece atender más al problema de sobrepoblación carcelaria que a uno de carácter migratorio, e incluso permiten que una vez expulsados dichos sujetos vuelvan ingresar en el marco de este desorden migratorio.
9. Es momento que el gobierno deje de lado las ideologías y esa suerte de romanticismo infantil que ha resultado dramáticamente superado por la realidad. Estamos dispuestos a sostener una discusión de iniciativas y medidas que nos permitan superar esta crisis, pero ello tiene como requisito fundamental un actuar sincero por parte de quienes han preferido transformar realidades y seguir fomentando la presencia en cargos directivos de sujetos que impulsan políticas de fronteras abiertas. Solo un diálogo franco y de frente al país nos permitirá superar esta crisis que demanda una renovación de los liderazgos, los que, por cierto, defiendan con fuerza y convicción la integridad de nuestras fronteras y enfrenten decididamente la irregularidad.

Documento para descargar: declaracion migraciones vF+l